CRIPTOMONEDAS COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.

Artículo escrito por VANESSA SOLIS CABALLERO.

El día 06 de Septiembre en páginas oficiales del Servicio de Administración Tributaria empezó a circular una imagen donde a partir del 09 de septiembre se considerará como actividad vulnerable dentro del art. 17 de la ley Federal de Prevención de delitos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) el “INTERCAMBIO DE ACTIVOS VIRTUALES” para empezar a hablar del tema es importante explicar como antecedente que el 01 de marzo de 2018 se aprobó la ley Fintech, la cual como su nombre lo indica es una Ley para regular las instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH) que no son más que startups que brindan servicios financieros mediante el uso e implementación de la tecnología; cuando esta ley se aprobó esto conllevo a realizar cambios a la LFPIORPI la cual el 09 de Marzo en DOF se vio publicado la fracción XVI del artículo 17 que se refiere a las Actividades Vulnerables, esta nueva fracción que se adiciono entraría en vigor a los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto, el cual la publicación se encontraba pendiente en DOF y esta será publicada el día de mañana 09 de Septiembre de 2019.

En el artículo 17 de la LFPIORPI se enlistan los objetos de identificación y los supuestos en los que se entenderán Actividades Vulnerables para efectos de esta ley, ahora bien la fracción XVI se refiere exactamente a “El ofrecimiento habitual y profesional de activos virtuales”, los sujetos obligados por esta actividad son aquellas personas DISTINTAS a entidades financieras que provean plataformas para realizar intercambios de activos virtuales, mejor conocidos como “criptomonedas” distintos a los reconocidos por BANXICO como las casas de cambio de criptomonedas, conocidas en el medio crypto como “Exchanges”, que son aquellas empresas que compran, venden e intercambian monedas virtuales, como Bitcoin y Ethereum entre otras siendo estas las más relevantes, los cajeros de dichos activos, las plataformas digitales, etc.

Dentro de esta misma fracción se define lo que se considera “Activo virtual” como unidades de valor registrados electrónicamente como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos, su mayor referente son las criptomonedas.[1]

La autoridad supervisara el intercambio que se lleva a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares donde se facilitan o realizan operaciones de compra o venta de dichos activos, o bien, se provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales, la finalidad es que todo aquel que tenga inversiones en criptomonedas, tendrá que comprobar que estas no han sido adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Si bien es cierto dentro de los umbrales de identificación no se tiene contemplada esta actividad, esto nos pondría en el supuesto que sin importar el monto, el solo hecho de llevar a cabo la actividad lo hace sujeto de obligación de identificar a la contraparte. No obstante dentro de la fracción XVI se hace mención que cuando la operación de compra venta de activos virtuales “Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 Unidades de Medida y Actualización” es decir $54,496.05 MXN con un valor de $84.49 MXN por UMA.

Los sujetos que cumplan con los supuestos establecidos en esta fracción, con fundamento en el artículo 18, tendrán entre otras obligaciones las siguientes:

·        Registro y Alta ante el Portal de Lavado de Dinero.

·        Contar con un Manual de identificación, procedimientos y medidas de identificación de clientes.

·        Identificar a sus clientes o usuarios, asi como verificar su identidad.

·        Recabar la información sobre la actividad del cliente.

·        Custodiar, proteger y resguardar la información soporte de la operación.

·        Presentar un aviso el mes inmediato siguiente a la prestación del servicio.}

·        Mantener actualizado sus datos en el padrón de actividades vulnerables

En caso de incumplir en alguna de estas obligaciones, las multas que se impondrán, mismas que se establecen en el art 52 de la LFPIORPI, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable, los montos varían dependiendo del supuesto omitido, los cuales oscilan en la ley entre:

·    De 200 A 2,000 VSM ($20,536 a $205,360) por incumplir con cualquiera de las obligaciones de la ley.

·        De 10,000 a 65,000 VSM ($1,026,800 a $6,679,200) por omitir la presentación de los avisos.

Los montos se calcularon en base al SM general vigente de $102.68, ya que la ley nos hace referencia del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el cual hoy en día es Ciudad de México.

Si bien es cierto que la finalidad de esta ley es poder tener un mejor control sobre las actividades vulnerables que se encuentran reguladas en el artículo 17 de la ya mencionada LFPIORPI resaltando que estos tipos de actos, operaciones o servicios son más susceptibles para ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, es importante señalar que la legislación en una interpretación teleológica en su exposición de motivos que da origen a esta ley, no considera a los sujetos como aquellos que llevan a cabo actividades ilícitas en este caso refiriéndose a las casas de compra venta de criptoactivos (exchanges), cajeros de criptomonedas , etc, sino que son los servicios que estas prestan las cuales son susceptibles de ser utilizados en el proceso de lavado de dinero en mi opinión y como un argumento que expertos mencionan y también exponemos en cada una de las comunidades del ecosistema Fintech, como menciona Juan F. Bolaños en su reciente libro “Las criptomonedas no son plataformas ideales para llevar a cabo actividades delictivas que buscan el anonimato debido a la naturaleza transparente, publica, incorruptible de la cadena de bloques” en la que se lleva a cabo conocida como Blockchain, en la que todas sus transacciones son registradas en las cuales cada uno de los nodos (usuarios) tiene una copia de los movimientos realizados.

Un estudio del centro de sanciones y finanzas ilícitas de la Fundación para la Defensa de la democracia, afirma que los Bitcoins sucios que provienen de actividades ilícitas representan entre el 0.61 y 1.07% del volumen total de las transacciones en criptomonedas, inclusive, en el 3er Meetup realizado por la comunidad Blockchain Monterrey, donde se tuvo la presencia de actores importantes del ecosistema , Elian Huesca de Decred nos mencionaba como estas criptomonedas cuando se detectan que son de operaciones ilícitas estos son señalados para que sean retirados del mercado, así mismo Jose Rodríguez, Cofundador de Bitso la Exchange más grande de México nos explicaba la razón por la que las criptomonedas no eran la mejor opción para realizar estas actividades y como el dinero FIAT en efectivo como el dólar o el euro, son la forma preferida para las transacciones ilegales por que una vez intercambiado el efectivo, este no deja forma de rastrearse, inclusive esa es una de las razones que declaran los gobiernos para deshacerse del dinero en efectivo, de acuerdo con el estudio Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera, se prevé que en dos años, el 55% de los pagos que se realicen sin efectivo se hagan con tarjetas digitales por lo cual “Es prioritario que los sectores que captan dinero de los usuarios operen bajo regulación y supervisión de las autoridades financieras.”

Finalmente hay que reconocer que a nivel internacional la calificación de México en cuanto a la prevención de lavado de dinero ha sido de las peores, de manera local se observa constantemente que la legislación no atiende a la realidad y estos se asesoran de charlatanes que solo lucran con la criptoeconomia, las sanciones, las cargas administrativas son significantes y sin embargo el conocimiento de la materia y expertos del ecosistema es casi nulo, si nuestras autoridades quieren tomar en cuenta las recomendaciones internacionales, deberían de tomar énfasis a la última evaluación hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde se solicita la introducción de la colegiación obligatoria, la cual serviría para que los contadores que hemos tomado un papel importante en esta área así como los abogados, estén realmente capacitados y apoyen a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, y así mejorar la perspectiva de México en materia de PLD.

Exhorto también a los usuarios a acercarse a expertos del tema para tomar medidas preventivas, y así evitar caer en sanciones que como pudimos ver son desalentadoras para el ecosistema Fintech.

Artículo escrito por VANESSA SOLIS CABALLERO.

La puedes encontrar aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *